OPAs y régimen sancionador

Con éxito desigual he encargado a lo largo de este curso a los alumnos a los que imparto clase de Derecho mercantil en el doble grado de Derecho y ADE que leyeran el fin de semana la prensa económica y expusieran el lunes de forma muy breve aquellas noticias que en su opinión pudieran tener alguna relación con el programa de la asignatura. Como supongo que predicar con el ejemplo sigue siendo eficaz, redacto esta entrada a partir de la que me pareció interesante columna publicada en el Financial Times por Brooke Masters (v. “The Takeover Panel is a watchdog that needs to grow teeth”, FT Weekend 7-8 de noviembre de 2015, p. 12) sobre la regulación británica en materia de ofertas públicas de adquisición (OPAs).

 

En un trabajo que titulé “El misterio de las OPAs: realidad, doctrina y regulación”, ponía de manifiesto lo que me parecía que era una llamativa paradoja: la desproporción entre la muy amplia atención doctrinal y de todo tipo que merecían las OPAs en España y la escasa realidad de su utilización por los mercados. Probablemente esa desproporción tenía que ver con la amplia utilización de esas operaciones en otros mercados, singularmente en el mercado británico, y la correspondiente atención que dichas operaciones merecía no ya solo en el ámbito académico sino también en el de la prensa especializada.

 

La regulación de las OPAs es importante por varias razones. Las más sencilla de advertir es la que podríamos insertar en la política económica elegida por cada Gobierno. Es conocido el criterio adoptado por el legislador británico, bajo todo tipo de Gobiernos, a favor de mantener la libertad a la hora de admitir operaciones de todo origen sobre sociedades cotizadas. Esto ha provocado un amplio debate social sobre la racionalidad de permitir que compradores de todo el mundo pudieran hacerse con el control de sociedades británicas a través de sus mercados de valores. Sabido es que otros Estados han optado por una solución radicalmente contraria dando lugar al llamado “nacionalismo económico”. El ejemplo francés se cita de manera más reiterada.

 

Pocas operaciones como las OPAs permiten contraponer claramente los intereses de los accionistas y de los administradores de una misma sociedad. Es sugerente la calificación como hostil de una oferta por la que de manera inmediata todos los accionistas de una sociedad sin excepción van a obtener una importante plusvalía al cabo de pocas semanas, mientras que esa operación es vista con recelo por los administradores que intuyen, con probable acierto, que les queda poco tiempo al frente de la gestión de esa compañía si se consolida la operación.

 

En toda la regulación de las OPAs, la influencia británica ha sido muy importante. Nuestras normas estuvieron muy condicionadas por la práctica del Panel londinense hasta que se aprobó la Directiva europea. Pues bien, la columna a la que me refería al principio parte de la necesidad de revisar los fundamentos de la actuación del citado panel a partir de hechos que ponen en cuestión la supervivencia de su planteamiento.

 

Lo que sucedió:

 

But this week, the panel publicly rapped Credit Suisse and two law firms over the way they handled the 2010 creation of Bumi, a London-listed miner of Indonesian coal. The panel found that they had failed to let the regulator know about links between two Indonesian coal miners that had in effect taken majority control of Vallar — the UK-listed company that later became Bumi.

 

The panel called this failure a “serious breach”. So it took stern action and issued a public censure of Credit Suisse and of the law firms Freshfields Bruckhaus Deringer and Holman Fenwick Willan.

 

That’s it. Three highly paid professional firms violated UK takeover rules and all they got was a “statement of public criticism” four years after the fact. No fine, no ban, no measurable financial consequences.

 

En definitiva, denuncia la autora que se ha producido una superación de las circunstancias bajo las que se diseñó el panel por los mercados y que esto obliga a revisar ese planteamiento:

 

Maybe this kind of enforcement worked before the 1986 Big Bang, when the City of London really was a small club of lawyers and bankers who all knew each other. But it is hard to believe that it works today. The UK financial services sector employs 2m people, and London-listed companies are based all over the world. Back in 2010, US food group Kraft was censured by the panel for making rash promises about jobs preservation during its takeover of Cadbury. Its management barely blinked.

 

Tom Hayes was recently sentenced to 14 years in prison for rigging Libor and UK regulators routinely work with the Americans to extract huge fines.

 

If the Takeover Panel wants to keep UK markets honest amid a global takeover boom, it should do the same.

 

No es posible ignorar que en estos momentos, sobre los mercados financieros se proyecta una tendencia favorable a un especial rigor. Es llamativa que la lenidad con la que trata el Panel ciertas operaciones. Sobre todo por el contraste con la severidad con la que las instituciones supervisoras   y los Tribunales británicos están sancionando determinadas prácticas ilícitas en los mercados bancarios británicos. Es probable que esa dispar regulación y sanción no se de en otros ordenamientos.