La junta deben convocarla todos los administradores mancomunados

La Resolución de 27 de julio de 2015 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) vuelve sobre el tema de la convocatoria de la junta general de una sociedad cuando ésta cuenta con administradores mancomunados. Vuelve la Resolución y con ella este blog, porque el problema ya fue analizado aquí con ocasión de la cercana Resolución de 23 de marzo de 2015 que siguiendo otras precedentes confirmó la doctrina que la Resolución de 27 de julio continúa.

 

El supuesto de hecho es simple: en una limitada con tres administradores mancomunados se celebró junta general que fue convocada por dos de ellos. La Registradora Mercantil rechaza la inscripción de los acuerdos porque “la junta debería haberse convocado por la totalidad del órgano de administración, artículo 166 LSC y RDGRN de 28 de octubre de 2013”. Interpuesto recurso contra la calificación, la DGRN lo desestima y confirma aquélla sobre la base de una argumentación jurídica que en lo sustancial se explica en el párrafo que transcribo:

 

“Ahora bien, si se tiene en cuenta que cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (cfr. artículo 210.1 de la Ley de Sociedades de Capital), debe concluirse que la disposición estatutaria sobre el ejercicio del poder de representación por dos de los administradores conjuntos se limita a las relaciones externas de la sociedad, al establecimiento de vínculos jurídicos con terceros, pero no al funcionamiento interno a cuyo ámbito pertenece el régimen de la propia organización y, por tanto, el del funcionamiento de la junta general comenzando por su convocatoria. Esa atribución de la facultad de representación a dos de los administradores mancomunados no puede entenderse extensiva a las restantes facultades que –como la de convocar la junta general– tienen legalmente atribuidas los administradores conjuntos para ejercerlas mancomunadamente. Así se deduce de la propia definición legal del ámbito de la representación contenida en el artículo 234 de la Ley de Sociedades de Capital, aunque tal vez sin la claridad de la Primera Directiva Consejo de las Comunidades Europeas –68/151/CEE, de 9 de marzo de 1968– a la que se adaptó nuestra legislación, con su rúbrica de la Sección II -«validez de los compromisos de la sociedad»- o las concretas referencias al «poder de obligar a la sociedad» por parte del órgano de administración -artículo 8- o a los casos en que la sociedad «quedará obligada frente a terceros» por los actos que realicen sus órganos –artículo 9–.

 

Además otras dos alegaciones relevantes y vinculadas que contiene la Resolución deben destacarse. La primera, rechaza la aplicación al presente supuesto de la regla que el artículo 171.3 de la Ley de Sociedades de Capital contiene para el caso de muerte o de cese de alguno de los tres administradores mancomunados. Esa regla es de naturaleza excepcional (diseñada para “casos especiales”) y por lo tanto no admite una aplicación a otros supuestos distintos de los que en ella se enuncian. En una segunda indicación la Resolución recuerda la doctrina jurisprudencial conforme a la que: “debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria de las juntas generales”.