Remuneración de administradores y actos propios de la sociedad

Aunque la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2015 (RJ 2015, 3980) se ocupa de resolver el recurso de casación que tiene su origen en el ejercicio de una acción social de responsabilidad, el interés principal que deriva de la resolución del primer motivo de casación conduce de forma directa al régimen legal de la retribución de los administradores sociales. Lo hace en relación con un argumento que ya ha sido tratado en algunas ocasiones por nuestros Tribunales, ante quienes se plantea la regularidad del cobro de retribuciones que o bien carecían por completo de cobertura estatutaria o bien contaban con una limitada cobertura, pero que el administrador había percibido con pleno conocimiento de la sociedad y de los socios.

 

En el presente caso, los estatutos de una sociedad limitada no establecían retribución alguna a favor del administrador, contra el que se ejerció la acción social reclamando, entre otras cantidades, las que  había percibido como retribución correspondiente al cargo. El administrador recurre en casación indicando que aunque el cargo carecía del carácter retribuido, en un momento determinado la junta de socios aprobó una concreta retribución para el cargo de administrador.

 

El Tribunal Supremo resuelve la cuestión en los párrafos siguientes:

 

Ha sido indiscutido que los estatutos de la sociedad no preveían la retribución de los administradores, ni consta acreditado cualquier otro tipo de contraprestación por la ejecución de los servicios prestados por el Sr. Laureano. El razonamiento del motivo conforme al cual en el ejercicio inicial de 2006, censurado en junta ordinaria de socios celebrada en el ejercicio de 2007, la Junta celebrada en 2008, censurando el ejercicio 2007 se había “consentido y conocido” la retribución por constar en las cuentas anuales, no puede aceptarse, pues ello no convalida las retribuciones ilegalmente percibidas por el administrador. Ya señalaba el art. 134.3 LSA (RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206) (hoy, art. 233.4 LSL (RCL 1995, 953)) que la aprobación de las cuentas anuales no impedirá el ejercicio de la acción social de responsabilidad.

 

2. Ahora bien, en una junta de socios, celebrada en marzo de 2008, se aprobó unas retribuciones para dicho ejercicio, pese a que no se adoptara un acuerdo expreso que modificara los estatutos sociales, en el sentido de que, a partir de 2008 el cargo de administrador sería retribuido. Conforme con la sentencia recurrida, atendido el carácter cerrado de la sociedad, el escaso número de socios, el tratamiento de retribuciones en la citada Junta de marzo de 2008, pudo generar fundadamente en el administrador la confianza en que, a partir de entonces, podía percibir la remuneración y en que no se le iba a reclamar la devolución de tales cantidades, en aplicación de la doctrina de los actos propios como manifestación del principio general de buena fe (STS núm. 412/2013, de 18 de junio  (RJ 2013, 4632)).

 

Pero esta confianza y creencia del administrador en modo alguno puede predicarse de las percepciones anteriores a la Junta de marzo de 2008 al no existir acuerdo o deliberación entre socios sobre esta materia que justificara esta confianza o creencia”.

 

Como se ve, se acepta que el acuerdo de la junta general fijando una remuneración legitima ésta a pesar de la falta de una expresa mención estatutaria. Es la doctrina de los propios actos la que impide a la sociedad que adopta ese acuerdo entablar posteriormente la acción social en lo que supone ignorar el contenido del mismo, del que nunca podrá pretenderse, sin embargo, una eficacia retroactiva.

 

Más allá del caso concreto, la posición del Tribunal Supremo tiene importancia en relación con la vigente regulación. La retribución de los administradores ha pasado a ser uno de los asuntos que más atención ha concitado en la reforma introducida por la Ley 31/2014, siendo uno de sus principios que la retribución es lícita siempre que cuente con una cobertura estatutaria o contractual. Lo que viene a establecerse al aceptar la aplicación de la doctrina de los propios actos es que a través de los acuerdos de los órganos sociales se puede dar validez a retribuciones carentes de aquella cobertura. Un terreno resbaladizo.