Rechazo de cláusulas estatutarias que limitan el poder de representación de los administradores

Al margen de las consideraciones que contiene sobre la calificación en Registros en donde hay una pluralidad de titulares y sobre el alcance del principio de independencia del Registrador a la hora de calificar, la Resolución de 17 de septiembre de 2015 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) plantea como cuestión de interés la revisión de una cláusula estatutaria que implicaba una limitación de las facultades que en los estatutos se atribuían a los administradores sociales. El supuesto lo expone la propia Resolución en los siguientes términos:

 

Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible la disposición de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada según la cual los administradores «necesitarán autorización previa de la junta general por exceder de sus facultades propias o los fines sociales: 1.º (…). 2.º Constituir hipotecas, prendas o cualquier otra garantía real o personal (aval) para la seguridad de obligaciones de persona o entidad distintas del poderdante, salvo que sean entidades pertenecientes al mismo grupo”.

 

La Resolución plantea de forma directa y clara cuál es la cuestión a analizar: el alcance del ámbito de representación de los administradores de sociedades de capital en el ejercicio de su cargo y la posibilidad de establecer limitaciones a esas facultades de representación, incluso en los estatutos, siendo además inscritas en el Registro Mercantil. La Resolución recuerda la posición mantenida al respecto por la propia DGRN y los antecedentes normativos y jurisprudenciales que sobre la cuestión ya se han vertido para terminar recordando cuál es la doctrina general que sintetiza en los siguientes párrafos que transcribo:

 

De cuanto antecede se desprende que una limitación como la cuestionada en el presente caso puede tener una eficacia meramente interna (en el ámbito de la exigencia de responsabilidad que la sociedad pudiera hacer valer frente al administrador que se hubiese extralimitado). Pero aun cuando esta concreción de efectos se impondría en definitiva por la indudable subordinación de las disposiciones estatutarias a las normas legales imperativas y por la necesaria interpretación de dichas cláusulas en el sentido más favorable para su eficacia (vid. artículo 1284 del Código Civil), es doctrina de este Centro Directivo que la trascendencia de las normas estatutarias en cuanto rectoras de la estructura y funcionamiento de la sociedad y la exigencia de precisión y claridad de los pronunciamientos registrales imponen la eliminación de toda ambigüedad e incertidumbre en aquella regulación estatutaria como requisito para su inscripción (vid., por todas, la Resolución de 12 de julio de 1993).

 

Como ha puesto de relieve el Tribunal Supremo en la Sentencia de 19 de junio de 2009, con cita de la doctrina de esta Dirección General y otras sentencias de la misma Sala, «se ha de tratar de cohonestar la seguridad del tráfico y la consiguiente protección del tercero de buena fe con el principio de defensa del interés social, y cuando la salvaguarda de ambos principios no es posible se observa en el Derecho comparado una tendencia a adoptar o aproximarse al sistema germánico que da primacía a la protección del tercero y a la seguridad del tráfico. Esa tendencia se ha acabado imponiendo también entre nosotros» (cfr. Resoluciones de 2 de octubre de 1981, 12 de mayo de 1989, 11 de noviembre de 1991, 11 de marzo de 1992, 8 de julio de 1993, 3 de octubre de 1994 y 10 de mayo de 1999).

 

En definitiva, la DGRN desestimó el recurso y compartió el criterio del Registrador Mercantil en cuanto a la ilicitud de la limitación transcrita al inicio de esta entrada.