Reforma de la Directiva de derechos de los accionistas

En el mes de marzo de 2017 se han producido avances determinantes en las instituciones europeas con vistas a la reforma de la  Directiva 2007/36/CE, de 11 de julio de 2007 sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. Ha quedado aprobada la Directiva por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas. Además de la publicación de determinados documentos por parte de la Comisión y del Parlamento europeo explicando el alcance de la nueva Directiva, el texto de ésta, resultado de la codecisión entre el Parlamento Europeo y el Consejo se aprobó con fecha 23 de marzo de 2017. Se avecina por lo tanto un nuevo periodo de revisión del régimen legal aplicable a las sociedades cotizadas, que se traducirá principalmente en la correspondiente modificación del Título XIV de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) que se dedica a establecer las especialidades del régimen legal de este tipo de sociedades anónimas.

 

El proceso de reforma ha sido prolongado y no ha estado exento de dificultades, como pusieron de manifiesto durante el año 2016 las desavenencias entre las distintas instituciones y, sobre todo, la difícil asunción de distintas enmiendas que se introdujeron por el Parlamento Europeo en el texto de la Propuesta de la Directiva. A finales del año 2016 y en los primeros meses de 2017 se ha articulado el acuerdo que se ha traducido en la aprobación de la nueva Directiva. Nos encontramos ante una respuesta en el ámbito del Derecho de sociedades a los efectos de la reciente crisis financiera y, en especial a algunas situaciones mejorables que se pusieron de manifiesto durante los momentos críticos de ese proceso. En particular, el punto de partida para la reforma radicó en las deficiencias advertidas en el gobierno corporativo de las grandes sociedades consistentes, por ejemplo, en la falta de una adecuado control por parte de los accionistas de las decisiones fundamentales para la marcha de la sociedad, el mantenimiento de determinadas retribuciones a favor de los consejeros y directivos que carecían de justificación y, finalmente, el mantenimiento de costes excesivos y dificultades injustificables para el ejercicio por parte de los accionistas de sus derechos. Como es conocido, fue este último aspecto  una de las causas de la adopción de la Directiva 2007, ante la previsión de una facilitación de los ejercicios transfronterizos de los derechos en sociedades cotizadas por parte de todos los accionistas.

 

La nueva Directiva incorpora distintos cambios dentro de la Directiva de 2007. Como característica más llamativa podría decirse que proyecta su atención sobre nuevas categorías de sujetos que en los últimos años han cobrado un especial protagonismo en el funcionamiento de las sociedades cotizadas. Esto se pone de manifiesto desde sus considerandos y en sus primeros artículos. También es significativo que se destaque como uno de los objetivos de la Directiva el de establecer requisitos específicos para fomentar la implicación de los accionistas en particular a largo plazo. Esos  requisitos tienen relación con la identificación de los accionistas, la transmisión de la información, la facilitación del ejercicio de sus derechos, la transparencia de los inversores institucionales, de los gestores de activos y de los asesores de voto. Mención especial merecen la revisión del régimen de remuneración de los administradores y las operaciones con partes vinculadas.

 

Se añade un nuevo capítulo 1 bis de la Directiva dedicado al tema de la identificación de los accionistas, la transmisión de información y la facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas. Aunque este es un tema que ya conocemos en nuestro ordenamiento (art. 497 LSC), la Directiva aporta una visión ampliada y renovada de los distintos problemas que suscita ese propósito, no ya simplemente por el hecho de la identificación de los accionistas, sino también de la adecuada y oportuna transmisión de esa información. La atención se proyecta sobre los intermediarios, a quienes se exige que faciliten el ejercicio de los derechos de los accionistas y singularmente el de aquellos destinados a la participación en el funcionamiento de la junta general.

 

Quizás el aspecto más interesante de la reforma, por lo que supone propiamente de innovación, pero también por la atención hacia sujetos relevantes en el funcionamiento de las sociedades cotizadas, es el nuevo capítulo 1 ter que lleva por título “Transparencia de los inversores institucionales, los gestores de activos y los asesores de voto”. De ese título se desprende con claridad la decisión normativa de adentrarse en el control de la actividad de una serie de sujetos vinculados con las nuevas figuras y prácticas de inversión colectiva y que en muchas sociedades cotizadas tienen un especial protagonismo desde el punto de vista financiero, aunque también sucede con frecuencia que llevan a cabo una política de abstención en el ejercicio de los derechos políticos. Lo que persigue la Directiva es obligar a los inversores e instituciones a una implicación en el funcionamiento de las sociedades en cuyo capital participan y a adoptar una estrategia de inversión que esté enfocada al largo plazo, abandonando políticas que persiguen la obtención de plusvalías o resultado en el corto plazo que se consideran que han estado en el origen de muchos de los males puestos de manifiesto en la reciente crisis financiera. A los gestores de activos se les imponen deberes de transparencia especial, al igual que se hace con la última figura aparecida en el funcionamiento de los mercados de valores en torno a las sociedades cotizadas, como son los asesores de voto. A éstos se les exige que expliquen cuál es el código de conducta que aplican en su actuación y que difundan con una periodicidad anual mínima una información que se encarga de detallar la Directiva y que debe servir para entender no solo los criterios de actuación, sino también las relaciones que pudieran existir entre los asesores de voto y las propias sociedades en las que intervienen.

 

Por lo que se refiere a la regulación de la remuneración de los administradores, los cambios introducidos en la Directiva no van a suponer una revisión relevante de nuestra vigente regulación.

 

La Directiva debe ser objeto de incorporación por los Estados miembros en los próximos 24 meses, lo cual permite augurar que en ese periodo el gobierno abordará la correspondiente reforma de la LSC.