Sobre la asistencia (y la ausencia) de los administradores a (en) la junta general

La Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2016 (JUR 2016, 87929) se ocupa de la aplicación del artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital: “Los administradores deberán asistir a las juntas generales”. El contenido del precepto reproduce de manera cuasi literal su rúbrica: “Deber de asistencia de los administradores”.

 

En el presente caso, se ejerció la acción de impugnación de una junta general, cuya declaración de nulidad se solicitaba ante la ausencia de los administradores. Tanto el Juzgado, como la Audiencia Provincial y el propio Tribunal Supremo consideraron que esa circunstancia resultó, en efecto, determinante para la nulidad de la junta. Para la mejor exposición del caso, partiendo de los antecedentes que recoge la Sentencia reseñada debe subrayarse la importancia del orden del día de la misma:

 

1.- El 6 de junio de 2011 se convocó junta general de la sociedad Familia Fuster Pérez, S.L., para el día 22 de junio siguiente. La convocatoria fue remitida a todos los socios por correo certificado con acuse de recibo; se acompañaba el orden del día, con el siguiente contenido: «1) Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2010 y aplicación del resultado; 2) Cambio del consejo de administración, cese de los consejeros y nombramiento de consejeros; 3) Delegar en el consejo, y especialmente en el consejero delegado, D. Justiniano, a fin de que suscriba operaciones crediticias y novaciones de préstamos, y en su caso, liberar a los socios de avales personales en préstamos; 4) Lectura y aprobación del acta de la junta».

 

2.- La convocatoria fue recibida por todos los socios y el 15 de junio de 2011, Dña. Eulalia y Dña. Alejandra presentaron escrito en el que solicitaban a la sociedad la asistencia de notario a la junta general.

 

3.- En respuesta a tal solicitud, el notario fue requerido por los administradores con dos días de antelación para que asistiera a la junta y levantara acta de la misma.

 

4.- El 22 de junio de 2011 se celebró junta general de la sociedad Familia Fuster Pérez, S.L., de la que se levantó acta notarial, con asistencia de socios que titulaban la totalidad del capital social.

 

5.- Los administradores sociales no estuvieron presentes en dicha junta. Sí comparecieron personas a las que los administradores, en su calidad de socios, habían conferido su representación.

 

6.- Dña. Eulalia, titular del 6,33% del capital social, presentó demanda de impugnación de acuerdos sociales, con fundamento en que no habían asistido a la junta general los administradores de la sociedad. Tras la oposición de la sociedad, el juzgado dictó sentencia en la que declaró que la junta estuvo mal constituida, y que, por ser universal, no se puede prescindir de dicho requisito de asistencia de los administradores, al no estar previsto en la Ley. Como consecuencia de lo cual, estimó la demanda y declaró la nulidad de la junta.

 

7.- La sociedad Familia Fuster Pérez, S.L., interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia, que fue desestimado por la Audiencia Provincial. La sentencia de apelación matizó que la junta no pudo ser universal, puesto que medió convocatoria, según se desprendía de la propia acta notarial, pero ratificó que la asistencia de los administradores a la junta general era imprescindible y que no podían hacerlo mediante representación.

 

De la doctrina de la Sentencia interesa el contenido de sus fundamentos jurídicos cuarto y quinto que se adentran en la cuestión relativa a la presencia en la junta de los administradores de la sociedad. La primera consideración al respecto sirve para rechazar que los administradores puedan hacerse representar en la junta general, como sucedió en el supuesto analizado (v. antecedente 5). Porque la asistencia de los administradores, concluye el fundamento cuarto, forma parte de sus competencias orgánicas y no puede ser objeto de delegación. Que el socio pueda ser representado no implica que el administrador, en cuanto tal, también pueda serlo:

 

1.- Los arts. 183 LSC -para la sociedad limitada- y 184 LSC -para la sociedad anónima- permiten que los socios puedan asistir a las juntas generales representados por otras personas. Pero dicha representación únicamente puede conferirse en su cualidad de socios, no de administradores que, a su vez, son socios, puesto que la administración no puede ser ejercida por representante, salvo en el caso de administrador persona jurídica y con las especificidades previstas en el art. 212 bis  LSC. Incluso aunque se tratara de apoderados generales, tampoco podrían suplir a los administradores sociales, porque ni sus funciones son equiparables, ni tampoco es igual su régimen de nombramiento. Así, el administrador es nombrado por la junta general, y sólo la junta puede destituirlo; mientras que al apoderado lo nombra el administrador y sólo el administrador puede destituir al apoderado revocando el poder, aunque el cese del administrador que nombró un apoderado no extingue el poder (sentencia núm. 714/2013, de 12 de noviembre). El régimen de responsabilidad es completamente diferente y lo que es más importante, el administrador es imprescindible para la sociedad, mientras que el apoderado no lo es. Como dijimos en la indicada sentencia 714/2013.

 

2.- Es claro que la asistencia de los administradores a las juntas generales forma parte de sus competencias orgánicas, por lo que no puede ser objeto de delegación mediante representación”.

 

En cuanto a la asistencia exigida por el artículo 180 LSC, el Tribunal Supremo comienza por examinar la falta de sanción normativa a la inobservancia del deber legal allí establecido y se adentra en las razones por las que la LSC no determinó en todo caso la nulidad de la junta general por ese motivo. No lo hace porque ello conduciría a poner en manos de los administradores la posibilidad de manejar la válida celebración de la junta general a su antojo, a partir del simple hecho de su presencia/ausencia:

 

“El que la Ley no prevea expresamente y en todo caso la sanción de nulidad de la junta por inasistencia del órgano de administración tiene su fundamento en que, de haberlo hecho así, podría dar lugar a la imposibilidad de celebración de juntas generales por la sola voluntad de una o varias personas [los administradores], que mediante el simple expediente de no acudir a las juntas, paralizarían la sociedad. Sin que frente a dicha parálisis provocada de propósito hubiera remedio, puesto que aun en el caso de convocatoria judicial de la junta (actualmente, por el letrado de la administración de justicia o por el registrador mercantil), también podrían dejar de asistir los administradores, abocando a la sociedad a una situación sin salida. Dado que ello, además, impediría el ejercicio de la facultad de cese de los administradores ad nutum, que prevé el art. 223  LSC, ya que bastaría con que los administradores no asistieran para que no fuera posible cesarlos”.

 

En lo que es una aportación destacable para la aplicación del artículo 180 LSC, la Sentencia de 19 de abril de 2016 establece que la regla general de la no declaración automática de nulidad de la junta por la inasistencia de los administradores puede tener excepciones cuando esta circunstancia incida de manera directa sobre los derechos de los socios vinculados con la celebración de la junta. Excepción que se apreció en este caso a la vista del orden del día y de la posición de la minoría. Transcribo el fundamento con el que concluye la Sentencia su reflexión al respecto:

 

4.- En el caso que nos ocupa, nos encontraríamos ante uno de los supuestos que se escapan a la regla general, en los que sí debe darse lugar a la nulidad de la junta general para no dejar indefensa a la socia minoritaria. Y ello porque, si atendemos al orden del día que figura en la convocatoria, se observa que no solo se trataba genéricamente de censurar la gestión social (contenido necesario de cualquier junta general ordinaria, conforme al art. 164.1  LSC), sino que también había que deliberar y votar sobre una delegación en el consejero delegado para la suscripción de operaciones crediticias y novaciones de préstamos, y en su caso, negociación para liberación a los socios de avales personales en préstamos. Por lo que, al ser la demandada una sociedad patrimonial, era consustancial a la naturaleza de dicho punto del orden del día que tuviera que estar complementado con un derecho (para los socios) y deber (para los administradores) de información reforzado, a fin de explicar adecuadamente las necesidades, características y consecuencias de tales operaciones crediticias. De manera que, al faltar todos los administradores, ese derecho de información quedó completamente cercenado ya desde la propia constitución de la junta general; y esa ausencia de todos los administradores en la junta general debe tener como consecuencia la nulidad de la junta, al faltar un requisito esencial para su válida constitución y celebración en ese supuesto concreto, tal y como acordó la sentencia recurrida”.