Retribución (XII): say on pay (8) ¿Hacia una votación vinculante?

Unas breves líneas motivadas por la portada de The Wall Street Journal del viernes pasado. Relata que en una gran aseguradora británica y en un gran banco suizo, los accionistas se han mostrado críticos en las juntas generales correspondientes con las compensaciones a los administradores. En la primera, los votos negativos al plan de retribuciones han sido mayoría (54%). En el segundo han alcanzado un nada desdeñable 36%. Como señala la información, estamos ante un episodio más en una tendencia plasmada principalmente en relación con el sector financiero, en el que las sociedades cotizadas están reflejando el malestar de los accionistas ante la retribución de los administradores. Esto vale para Estados Unidos y para diversos mercados europeos.

Lo relevante, desde el punto de vista jurídico, es que se apunte el cambio en la posición del Gobierno británico en un aspecto fundamental, como es que el acuerdo de la junta general contrario al programa de retribuciones deje de tener un carácter consultivo y pase a tener, al igual que cualquier otro acuerdo de la junta, una naturaleza vinculante. No repetiré aquí mi opinión a favor de ese cambio, que en términos jurídicos me parece ineludible en el Derecho español. Es una medida de sentido común.
El cambio en la posición británica tiene un valor notable, por la influencia que está llamada a tener en otros Estados de la Unión Europea. Los anuncios comenzaron en enero de 2012, como se refleja en esta informacióny en la que recoge la reacción contraria de la Confederation of British Industry (CBI). El Gobierno británico sometió en marzo a consulta pública un documento titulado Executive Pay: Shareholder voting rights consultation. El plazo de consulta se cerró a finales del mes pasado. El documento citaba en su presentación como medidas posibles:
“3.This consultation document provides more detail on a proposed model which will give shareholders greater influence on the issue of executive remuneration through enhanced voting rights. This will apply to the remuneration of directors in UK incorporated quoted companies and includes:
                     An annual binding vote on future remuneration policy
                 
  – Increasing the level of support required on votes on future remuneration policy
  – An advisory vote on how remuneration policy has been annual implemented in the previous year
               
  –  A binding vote on exit payments over one year’s base salary”.
  
Sin perjuicio de cuál sea la posición finalmente adoptada en Gran Bretaña, me parece claro que una solución normativa (directa o confiada a la autorregulación) no puede generar conflictividad. Es lo que va a suceder allí donde, amparándose en el carácter consultivo de ese acuerdo de la junta, se pretenda ignorar el criterio mayoritario de los accionistas en un asunto esencial para la gestión de toda empresa. Sus principales gestores no pueden desempeñar su función sabiendo que la mayoría de los propietarios de la empresa desaprueba su retribución, que es la más directa y personal censura que cabe hacerle. Salvo, claro está, que se defienda que el administrador siga adelante como si nada hubiera sucedido, en tanto no se pida su cese o, peor aún, se interponga una acción de responsabilidad contra él.
Otro tipo de conflicto puede surgir de la posición de la junta contraria al programa de retribuciones: que el administrador afectado proceda a presentar su dimisión inmediata, al entender que no recibe un trato justo de sus accionistas. Pensarán muchos que es una hipótesis remota, pero no descarto que determinados gestores opten por esa elogiable reacción. No como vía para acceder a una compensación extraordinaria (sería agravar la situación), sino para hacer explícito algo tan elemental como que si no se cuenta con la confianza de los accionistas, quien está llamado a gestionar la empresa en interés de éstos debe marcharse. Porque no hay mejor baremo de la confianza que la retribución. Si nos niegan ésta es difícil afirmar que conservamos aquélla.
Madrid, 8 de mayo de 2012