Rigor y responsabilidad personal en la gestión de entidades financieras

Una entrada reciente del DealBook de The New York Times se ocupaba de una de las reacciones pendientes en la que podríamos llamar la legislación post crisis financiera. Una reacción que apunta al endurecimiento de las disposiciones relativas a la responsabilidad individual de los gestores de entidades de crédito, ante la ausencia de cualquier condena personal a pesar de las severas crisis de diversas instituciones financieras estadounidenses o de haber tenido que afrontar expedientes sancionadores de gran importancia. En esa entrada su autor termina llamando la atención sobre la paradoja que depara el hecho de que grandes compañías estadounidenses hubieran tenido que pagar cantidades multimillonarias en concepto de multas correspondientes a distintas malas prácticas, sin que ninguno de sus ejecutivos tuviera que responder por esas multas que han supuesto un castigo exclusivo para los accionistas de la entidad. Hablamos de multas que en algún caso han supuesto pagos por varios miles de millones de dólares.

 

La entrada tiene que ver también con que en fechas recientes ha entrado en vigor en Gran Bretaña la regulación destinada a impulsar una singular diligencia por parte de los ejecutivos responsables de los distintos departamentos de entidades financieras. A estos se les impone un deber legal de responsabilidad basado en la exigencia de una actuación preventiva de cualquier tipo de infracción de disposiciones destinadas al correcto funcionamiento de la entidad. En definitiva, se quiere convertir la responsabilidad individual de los directivos en un factor de vigilancia de cuanto acontece en el seno de la organización que permita eludir problemas posteriores de mayor trascendencia para la propia entidad.

 

Esta previsión, que comenzará a ser aplicable exclusivamente para los bancos, irá extendiéndose a otros sectores y entidades dentro del sistema financiero británico. Lo que hace la entrada que comento es contraponer esta iniciativa británica con la situación en Estados Unidos que juzga insatisfactoria, partiendo de que buena parte de la crisis de su sector financiero se atribuye directamente al generalizado mal ejercicio de sus responsabilidades por los banqueros. Se apunta que, por ejemplo, las cláusulas de reembolso que aquí hemos examinado en alguna entrada tienen un alcance muy limitado puesto que sólo operan allí donde se ha producido una retribución variable de los ejecutivos. Sin embargo, como destaqué en una no muy lejana entrada, parece que se ha producido una generalización de ese tipo de cláusulas en las grandes sociedades norteamericanas, a lo que ha contribuido la idea que el administrador afectado por su inclusión desplegará una especial diligencia para demostrar su aplicación.

 

Este tipo de iniciativas están destinadas a incentivar el deber de diligencia en los consejeros ejecutivos y principales directivos de las entidades de crédito.

 

Como reflexión final cabe apuntar la diferencia que existe, al menos en apariencia, entre la regulación española y las analizadas en la entrada. Desde la Ley 26/1988 se introdujo un severo régimen de responsabilidad administrativa a los administradores de entidades de crédito. La LOSSEC 2014 mantiene y refuerza esa posición, al igual que sucede con el TRLMV de 2015.