Servicios de pago, operaciones fraudulentas y responsabilidad

Es interesante la Sentencia de 27 de mayo de 2016 del Juzgado de Primera Instancia nº 48 de Madrid (JUR 2016\165451). Se trata de una Sentencia que no simplemente resuelve un litigio en una materia compleja y dentro de las tendencias de la contratación bancaria actual, sino que también da lugar a la aplicación de una norma que el paso del tiempo está acreditando que se va a convertir uno de los pilares del régimen legal aplicable a la contratación bancaria. Me refiero a la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago.

 

Es evidente que la banca a distancia, telefónica o por internet, está haciendo que muchos aspectos de la contratación bancaria y precisamente aquellos más vinculados con lo que podríamos llamar la contratación en masa obliguen a afrontar los aspectos básicos de la relación contractual desde una perspectiva distinta de la tradicional o clásica, que en muchos aspectos contemplaban nuestros códigos decimonónicos e incluso las normas contractuales dictadas durante el siglo XX. Se trata de adaptar los problemas vinculados con las incidencias que pueden acabar teniendo un efecto lesivo para los intereses del cliente, a la complejidad tecnológica que caracteriza estas relaciones.

 

En este caso, un cliente que había abierto un depósito a través de un nuevo servicio telefónico y en el que además había hecho algún ingreso, comprueba como el dinero ingresado en su cuenta prácticamente desaparece como consecuencia de una serie de disposiciones irregulares. Fue el propio departamento de incidencias de la entidad de crédito quien comunicó al cliente la realización de una serie de movimientos extraños en su cuenta, que se habían traducido en quince transferencias en apenas tres días y que supusieron que una cuenta que tenía un saldo de más de 47.000 euros quedó reducida tan solo a 700 euros.

 

El litigio obligó a decidir si tal daño debía ser soportado por el propio cliente o por la entidad. A tal efecto, el fundamento jurídico segundo de la Sentencia establece que en la Ley de Servicios de Pago se ha establecido un sistema de  responsabilidad cuasi objetiva de las entidades bancarias. El precepto decisivo a esos efectos es el artículo 32 de la Ley 16/2009 que dispone:

 

 

Artículo 32. Responsabilidad del ordenante en caso de operaciones de pago no autorizadas.

 

1.No obstante lo dispuesto en el artículo 31, el ordenante soportará, hasta un máximo de 150 euros, las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas resultantes de la utilización de un instrumento de pago extraviado o sustraído.

 

2.El ordenante soportará el total de las pérdidas que afronte como consecuencia de operaciones de pago no autorizadas que sean fruto de su actuación fraudulenta o del incumplimiento, deliberado o por negligencia grave, de una o varias de sus obligaciones con arreglo al artículo 27.

 

3.Salvo en caso de actuación fraudulenta, el ordenante no soportará consecuencia económica alguna por la utilización, con posterioridad a la notificación a que se refiere el artículo 27.b), de un instrumento de pago extraviado o sustraído.

 

4.Si el proveedor de servicios de pago no tiene disponibles medios adecuados para que pueda notificarse en todo momento el extravío o la sustracción de un instrumento de pago, según lo dispuesto en el artículo 28.1.c), el ordenante no será responsable de las consecuencias económicas que se deriven de la utilización de dicho instrumento de pago, salvo en caso de que haya actuado de manera fraudulenta.”.

 

 

No se discutió que se hubieran producido una serie de pagos no autorizados y que suponían una actuación fraudulenta. El problema principal radicaba en determinar la responsabilidad por esos hechos, en consecuencia, la obligación de soportar y en su caso, reparar el daño patrimonial producido. Atendiendo a la prueba pericial, Sentencia declara que se había producido una infección del ordenador del cliente y que éste no había podido detectarlo. Quien debía haber detectado y evitado tal virus era la propia entidad, a la que atribuye la Sentencia disponer de los medios necesarios para hacerlo.

 

En consecuencia, partiendo de que no hubo ninguna negligencia o responsabilidad del actor, a quien incluso se reconoce que había adoptado los medios razonables para proteger la seguridad de su ordenador, la responsabilidad por esas disposiciones fraudulentas de fondos debía atribuirse a la entidad de crédito que venía obligada al reembolso de los mismos al cliente.