Acciones colectivas y acumulación de acciones

La crisis financiera ha dejado un rastro perceptible en muy distintos ámbitos: i) en el empresarial, donde la estructura de nuestro sistema es radicalmente distinta de la que presentaba en 2007; ii) en el legislativo en el que son incontables y complejas las normas de diverso rango y origen destinadas a superar los efectos de la crisis; iii) en el sociológico (donde se advierte desde algunas entidades de crédito con acierto del problema que afrontan con vistas a la recuperación de su reputación social); iv) en el profesional, puesto que nos hemos acostumbrado a algo que hace algunos años parecía impensable, como es la publicidad intensa y omnipresente de despachos de abogados en relación con acciones derivadas de productos y contratos bancarios y, por supuesto, v) en el judicial, en el que nuestros Tribunales de distintas jurisdicciones han tenido que resolver numerosos litigios vinculados, entre otros asuntos, con las operaciones básicas del negocio bancario. Precisamente por ser básicas o fundamentales en cuanto a operaciones de activo o pasivo, en algunos de esos litigios se han puesto en cuestión aspectos materiales y procesales relevantes para la contratación bancaria.

 

Estas líneas se refieren a esos segundos aspectos, puesto que se observa una estrategia litigiosa en la que se pretende agrupar o acumular en un mismo procedimiento las reclamaciones de una pluralidad de actores (clientes) por presumirse que cabe la acumulación subjetiva de acciones en los términos que la contempla y declara admisible la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC; v. en especial sus arts. 72 y 73). Porque en esta materia, el seguimiento a distancia (a través de los medios de comunicación) de lo que estaba sucediendo en algunos de esos procedimientos llevaba a evocar las “class actions” conocidas en otras jurisdicciones. En algunos de esos procedimientos parecía pretenderse acumular en un mismo procedimiento el ejercicio de sus acciones por un grupo de demandantes compuesto por  centenares o miles de clientes o inversores, en lo que implicaba una dimensión ciertamente excepcional en nuestra práctica litigiosa, que han tenido que afrontar algunos Juzgados y Tribunales a partir de la pregunta fundamental acerca de la compatibilidad entre esas acciones o demandas “colectivas” y los fundamentos de nuestro proceso civil.

 

A esas resoluciones y a la cuestión expuesta se refiere un breve e interesante trabajo de Natalia Gómez Bernardo (“Acciones de grupo y su desacumulación objetiva: una visión española, europea y estadounidense”, Diario La Ley, nº 8651, Sección Doctrina, 23 de Noviembre de 2015, Ref. D-437) que concluye que la admisión de las acciones de grupo reclama medidas legislativas previas: “o bien la flexibilización del procedimiento ordinario actual, o bien crear un procedimiento especial que permita garantizar adecuadamente la efectividad del derecho de defensa”.

 

En relación con ese tipo de acciones basadas en la pretensión de reparación de daños contractuales compartidos por grupos de clientes de productos de ahorro o de inversión, ha de traerse a colación el artículo 11 LEC, que contiene distintas reglas con respecto a la legitimación para actuar en nombre de consumidores y usuarios, de las que transcribo las contenidas en sus apartados 2 y 3:

 

2. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente determinables, la legitimación para pretender la tutela de esos intereses colectivos corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, así como a los propios grupos de afectados.

3. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas”.

 

Pero la legitimación plantea cuestiones propias y no plenamente coincidentes con las que propone la acumulación subjetiva de acciones, aunque se atisbe un mismo problema de fondo: el de la admisibilidad de una actuación procedimental conjunta de una pluralidad de intereses supuestamente perjudicados por un mismo hecho lesivo.

 

Sin perjuicio de lo anterior, si volvemos al tema de la acumulación, lo determinante es la doctrina sentada por la Sala Primera del Tribunal Supremo en esta materia. En su cercana Sentencia de 21 de octubre de 2015 (RJ 2015,4893) se expone con claridad la doctrina favorable a admitir esa acumulación.

 

El origen de la Sentencia de 21 de octubre de 2015 radica en la presentación de demanda de juicio ordinario por varias decenas de personas físicas y jurídicas contra una entidad de crédito. La demanda hacía referencia a determinadas inversiones en productos emitidos por bancos islandeses y otros del Grupo Lehman y fue estimada por el Juzgado de Primera Instancia. Interpuesto recurso de apelación contra la Sentencia, la Audiencia Provincial acordó estimar el recurso por entender que se había producido una indebida acumulación de acciones en la demanda. Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de casación y también extraordinario por infracción procesal. Dentro de este último, su primer motivo denunciaba la infracción del artículo 72 LEC en relación con el derecho de la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 oportuno de la Constitución. El Tribunal Supremo estima el recurso extraordinario por infracción procesal y lo hace por considerar que la acumulación de acciones se había producido de forma correcta.

 

La Sentencia incluye una cuidada exposición de los antecedentes del caso, de los que me limitaré a transcribir los que me parecen más relevantes con respecto a la cuestión de la acumulación de acciones en este tipo de procedimientos vinculados con contratos bancarios:

 

“1.- Una serie de clientes de la entidad bancaria B interpusieron una demanda contra este banco en la que se solicitaban una serie de pronunciamientos declarativos y de condena. Pese a ser varios los pronunciamientos que de modo acumulado o subsidiario se solicitaban, en lo fundamental se exigía al banco la responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones que tenía frente a los clientes demandantes, obligaciones derivadas de los contratos de adquisición de productos financieros complejos y de riesgo comercializados por B (emitidos por Lehman Brothers o por los bancos islandeses Landsbanki y Kaupthing) y que fueron adquiridos por los demandantes.

 

 2.- La Magistrada-Juez de Primera Instancia rechazó en la audiencia previa la excepción de indebida acumulación de acciones opuesta por B…

La Audiencia Provincial examinó en primer lugar la excepción de indebida acumulación de acciones y la estimó. Las razones fundamentales fueron que algunos demandantes son entidades mercantiles y otros son inversores minoristas; los productos contratados son diferentes, unos emitidos por Lehman Brothers y otros por los bancos islandeses, y las cuantías también fueron diferentes; la forma de contratar fue distinta, en unos se incumplió la obligación de diversificar y en otros no, y en unos casos habría incumplimiento de la obligación de información y asesoramiento, y en otros, incumplimiento de los deberes de diligencia, lealtad y transparencia, bien como prestador de servicios de inversión, o en el seguimiento de la inversión, o información permanente o en la obligación de facilitación de información determinante”.

 

Al analizar el motivo por el que se impugna la Sentencia de la Audiencia Provincial en el particular de la inadmisión de la acumulación de acciones, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre comienza recordando su doctrina sobre acumulación de acciones que quedó recogida en la Sentencia de 10 de julio de 2007 (RJ 2007, 6067). Esa doctrina proclama la flexibilidad en la admisión de la acumulación.

 

En la reciente Sentencia, se desarrollan algunos de los fundamentos de la postura que el Tribunal Supremo adopta a favor de la posibilidad de la acumulación planteada al inicio de este procedimiento, admitida por el Juzgado de Primera Instancia y rechazada por la Audiencia Provincial:

 

“…

Incluso a efectos de determinar la cuantía para decidir sobre el acceso a casación, en la que lo determinante es si las acciones acumuladas provienen o no de un mismo título (art. 252.1º   de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892)), la Sala ha adoptado un criterio flexible respecto de dicho concepto jurídico, a efectos de permitir la suma de la cuantía de las acciones acumuladas, …

Como conclusión de lo expuesto, lo determinante no es si existen o no diferentes relaciones jurídicas con algunos aspectos diferenciales, sino si existe una conexión entre las cuestiones controvertidas objeto de las acciones acumuladas en su aspecto fáctico con relevancia respecto de las pretensiones ejercitadas, que justifique el conocimiento conjunto de las acciones ejercitadas y evite de este modo la existencia de sentencias injustificadamente discordantes. Siempre que, naturalmente, se reúnan los requisitos establecidos por el art. 73   de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892), cuya concurrencia no es problemática en el caso objeto del recurso.

3.- Este criterio flexible ha determinado que esta Sala haya considerado correcto que se conozcan en un mismo litigio las acciones acumuladas ejercitadas por las personas afectadas por un medicamento o producto de uso médico defectuoso, aunque cada uno de ellos haya adquirido o se le haya suministrado el medicamento en ocasiones diferentes y las circunstancias de salud de los demandantes y los efectos que en ellos hayan podido tener esos productos sean dispares; o las acciones por defectos constructivos ejercitadas por los diversos adquirentes de inmuebles de una misma promoción, pese a que en unos casos los inmuebles adquiridos sean locales y en otros viviendas, unos compradores sean consumidores y otros no, y los defectos de los distintos locales y viviendas puedan ser de naturaleza diversa; y en supuestos de similar naturaleza, en cuanto a la conexión de la causa de pedir, que los expresados.

Se trata de supuestos en los que no está justificado que las acciones se tramiten en procesos diferentes, y que en cada uno de ellos haya de repetirse el interrogatorio de unos mismos demandados, unos mismos testigos o unos mismos peritos, sobre hechos sustancialmente idénticos, con el incremento de coste que supone para las partes (y en concreto para los demandantes a los que no se les permite acumular sus acciones) hacer comparecer en cada uno de los distintos procesos a los peritos que han emitido el informe (y a los testigos, si reclaman indemnización de los gastos que les supone tener que acudir repetidamente para ser interrogados en los juicios celebrados en los distintos Juzgados que conozcan de las acciones individualmente ejercitadas), y el riesgo de que la experiencia de las previas declaraciones en los litigios que se tramiten en primer lugar pueda de algún modo tener influencia negativa en el interrogatorio a que se les someta en los litigios posteriores, tanto en la parte activa, de quien interroga, como pasiva, de quien es interrogado.

Está tramitación conjunta evita también el riesgo de que demandas en las que la base fáctica con trascendencia en las acciones ejercitadas sea sustancialmente común, den lugar a sentencias que resuelvan la cuestión de modo diferente unas de otras.

Este tratamiento de la cuestión se explica por las razones que justifican la figura de la acumulación subjetiva de acciones, como son la economía procesal y la evitación de sentencias contradictorias.

4.- En el caso objeto del recurso la demanda alega como hechos más relevantes para fundar sus pretensiones unas conductas de B que son, en lo esencial, comunes para todos los casos, y que afectan a la documentación y registro de la inversión hecha por los clientes, a las características de los productos comercializados, a la estrategia promocional utilizada por B para comercializar estos productos, a la información que se suministró a los clientes al contratar y con posterioridad a la contratación, tratándose de clientes que, pese a tratarse en la mayoría de los casos de personas físicas y en algunos de personas jurídicas, tienen la consideración de clientes minoristas según se alega razonadamente en la demanda.

Pese a que efectivamente existen algunas diferencias entre las circunstancias concurrentes en las acciones acumuladas (cuantía de la inversión, emisor del concreto producto adquirido, algunas diferencias en la forma de contratar, etc.), los hechos que se alegan como más relevantes para fundar las pretensiones ejercitadas presentan una coincidencia que, unida a la uniformidad de las peticiones realizadas por los demandantes y a que están dirigidas frente a una misma entidad bancaria, cuya conducta incumplidora se considera por los demandantes como determinante para el éxito de las acciones ejercitadas, lleva a la conclusión de que, pese a encontrarnos ciertamente ante un caso límite, concurre el requisito de conexidad de la causa de pedir que justifica la acumulación subjetiva de acciones.

La sentencia de la Audiencia Provincial afirma que « no existe idéntico título ni causa de pedir», pero tal circunstancia no es óbice para estimar admisible la acumulación, puesto que no es preciso que el título o la causa de pedir de las acciones acumuladas sean idénticos, sino que basta con que sean conexos. Y, como se ha razonado, en el caso enjuiciado existe una conexidad suficiente para justificar la acumulación de las acciones que los demandantes tenían contra B”.

 

Es claro que la doctrina jurisprudencial abre la puerta a demandas que canalizan acciones acumuladas, como destacaban las informaciones que se hacían eco de la Sentencia examinada. Titulaba Expansión: “El Supremo avala las demandas colectivas para productos bancarios”.

 

Admitida esa posibilidad, invita a proponer nuevas preguntas ante la hipótesis, que la evolución de los hechos que abrían esta entrada convierte en cercana, de que la acumulación no sea de “sólo” algunas decenas de clientes de una entidad, sino de un número superior. La coincidencia en los hechos relevantes comunes a todas y cada una de las pretensiones no dispensará que, como en el caso enjuiciado, “existan algunas diferencias entre las circunstancias concurrentes en las acciones acumuladas”. Ante el carácter extraordinario de ese tipo de demandas, el plazo de 20 días para proceder a la contestación no parece adecuado.  Ese plazo imperativo y que no puede prorrogarse por el Juzgado competente (salvo fuerza mayor; art. 134 LEC) permite cuestionar la efectividad de la tutela judicial de un demandado que tuviera que contestar a una demanda que canalizara las pretensiones de un amplio número de actores.

 

El trabajo antes citado de Gómez Bernardo ofrece algún ejemplo (v. el resuelto por el Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Valencia que cita) y consideraciones razonables sobre la necesidad de arbitrar una solución para este tipo de situaciones. Una solución que puede estar en la revisión de determinados aspectos de esos procedimientos civiles o en la profundización en soluciones alternativas (al respecto, es recomendable la lectura de la propuesta que realizan Alex Ferreres Comella y Álvaro López de Argumedo en su trabajo “Las limitaciones del sistema de tutela colectiva de intereses individuales homogéneos dispuesto en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil. Una propuesta inicial de sistemas alternativos de resolución de conflictos”).

 

Suele decirse que el legislador va por detrás de la realidad y creo que nos encontramos en una situación que confirma tal afirmación: la organización evidente a través de despachos de abogados y otro tipo de entidades de acciones colectivas está traduciéndose en demandas que plantean para todos los implicados un especial esfuerzo que excede los límites diseñados para el juicio ordinario por la LEC. Sucede además, que esas demandas se plantean en nombre de “consumidores”, al amparo de la amplitud con la que esta condición subjetiva viene definida en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que hace que cualquier reclamación basada en una inversión o contrato bancario realizados por una persona física o jurídica pueda canalizarse por las vías procesales específicas para la tutela de los consumidores.

 

Es evidente que no es fácil preparar esas demandas, pero la parte actora tiene todo el tiempo que precise con el único límite de los plazos de prescripción o caducidad. Parece insuficiente el plazo dado para la contestación cuando estamos ante supuestos de acciones de grupo acumuladas a través de una misma demanda. Por último, y desde luego no es lo menos importante, también habrá que tomar en cuenta el desafío que juicios con dicho contenido implican para el Juzgado ante el que se tramitan y para el Juez o Tribunal que han de resolverlos.

 

Ofrece algunas referencias interesantes la Directiva 2009/22/CE, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, cuyo ámbito de aplicación (definido en el Anexo I de la Directiva) comprende distintas Directivas destinadas a la contratación financiera. También es conveniente traer a colación la Recomendación de la Comisión de 11 de junio de 2013, sobre los principios comunes de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión.