La propuesta del Gobierno del Reino Unido para la reforma del gobierno corporativo

A finales del mes de agosto de 2017 el Gobierno británico presentó el documento titulado Corporate Governance Reform. The Government response to the green paper consultation. El documento cuenta con una introducción que encabeza un mensaje de la Primera Ministra, justificando el intento por mejorar el sistema británico de gobierno societario como forma de mantener el prestigio de las sociedades allí establecidas y su atractivo para los inversores. Los trabajos que han conducido a esta propuesta o respuesta gubernamental ya merecieron referencias previas en el blog aquí y aquí.

 

La experiencia histórica ha puesto de manifiesto que el movimiento en Gran Bretaña a favor de un mejor gobierno de las grandes sociedades terminó ejerciendo una notable influencia sobre similares iniciativas, incluidas las que se han formulado a través de las leyes societarias, adoptadas por las autoridades europeas y por los distintos Estados miembros. Es previsible, por lo tanto, que en los próximos meses o años asistamos a cambios que de una u otra forma se remontarán al documento que hoy reseño y a las medidas adoptadas para ejecutar su contenido.

 

De forma sumaria me limitaré a reproducir los principales ámbitos en los que se atisban próximas reformas en el sistema británico. Se coloca en primer lugar y de manera destacada la disciplina del pago a los administradores ejecutivos. Son varias las justificaciones que se citan sobre lo que podríamos calificar como experiencias insatisfactorias en esta materia y que anuncian un marco más severo a la hora de aprobar esa remuneración y, en especial, a vincular su efectividad con la posición expresada por los accionistas a través de la junta general. El Gobierno británico menciona algunos de los puntos más polémicos de esta materia como susceptibles de una próxima reformulación.

 

El segundo aspecto conduce al artículo 172 de la Companies Act, un precepto de especial importancia puesto que se inserta dentro de la regulación de los deberes de los administradores y que les encomienda la promoción del éxito de la sociedad tomando en cuenta una pluralidad de intereses, entre los que se citan los correspondientes de los empleados, clientes, proveedores, y otros. Pues bien, a este respecto lo que se contempla es requerir una mayor información sobre la manera concreta en la que los administradores atienden el mandato normativo y toman en consideración los intereses de los trabajadores y de otros sujetos que de alguna manera mantienen un interés en la evolución de la sociedad.

 

En tercer lugar, nos encontramos con el anuncio de una nueva y más amplia concepción del gobierno corporativo que va a dejar de ser materia exclusivamente predicable de las sociedades cotizadas. Se quiere extender la observancia de algunas medidas también a las grandes sociedades no cotizadas.

 

Otras iniciativas aparecen igualmente mencionadas en el indicado documento. Lo relevante es también el calendario de actuación previsto que, si se cumple, dará lugar a la presentación antes de marzo de 2018 de medidas legislativas concretas.

 

Madrid, 22 de septiembre de 2017